El
general Juan Velasco Alvarado ocupó un lugar central en la historia republicana
del Perú durante el siglo XX. Su régimen militar, autodenominado Gobierno
Revolucionario de la Fuerza Armada (1968-1975), quebró el orden democrático
tradicional e impulsó un conjunto de reformas estructurales sin precedentes en
la economía, la sociedad y la cultura del país. Desde la expropiación de
yacimientos petrolíferos hasta una radical Reforma Agraria, su proyecto buscó
transformar las estructuras de poder nacional mediante una vía estatista y de
pronunciado acento popular.
Sin
embargo, para comprender el surgimiento, la orientación y la magnitud de estas
medidas, es indispensable ubicar el proceso peruano dentro del contexto
histórico mundial y regional de las décadas de 1960 y 1970:
La
Guerra Fría y la bipolaridad mundial: El mundo se encontraba profundamente
dividido entre el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque
socialista, encabezado por la Unión Soviética. En este escenario, surgían con
fuerza los movimientos de liberación nacional y el Movimiento de Países No
Alineados (o el Grupo de los 77), al cual Velasco se adhirió bajo la consigna
de una tercera vía: "ni con el capitalismo ni con el comunismo".
El
impacto de la Revolución Cubana (1959): El triunfo de Fidel Castro en Cuba
encendió las alarmas de seguridad en Washington y en los estamentos militares
de América Latina. Las doctrinas de seguridad nacional promovidas por EE. UU.
buscaban frenar el avance del comunismo. No obstante, en el Perú, los oficiales
formados en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) concluyeron que la
mejor forma de evitar una revolución de tipo marxista o guerrillera no era solo
la represión, sino la eliminación directa de la injusticia social y del
subdesarrollo mediante reformas conducidas desde el propio Estado.
Tensiones
continentales y dictaduras de la época: A diferencia de las dictaduras de
derecha que emergieron en el Cono Sur durante los años 70 (como las de Chile o
Argentina), alineadas férreamente con Washington y de corte económico liberal,
el régimen de Velasco se definió como progresista, nacionalista y
antiimperialista. Esto generó severas fricciones con la administración
estadounidense de Richard Nixon y llevó al Perú a establecer acuerdos
diplomáticos y militares inéditos con la URSS y el bloque socialista.
El
contexto económico global: La primera etapa del gobierno militar coincidió con
un periodo de expansión y proteccionismo en América Latina. Sin embargo, hacia
la mitad de la década de 1970, el escenario mundial cambió drásticamente con la
Crisis del Petróleo de 1973. El alza global de los precios del combustible y la
subsiguiente recesión internacional impactaron de lleno en las arcas del Estado
peruano, acelerando el colapso económico del modelo estatista.
En
este complejo marco internacional de confrontación ideológica y cambios
geopolíticos, la figura de Velasco Alvarado se erige como la de un actor
contradictorio y trascendental: un militar que encabezó una dictadura que
suprimió libertades cívicas y sumió al país en una aguda crisis económica, pero
que, simultáneamente, reconfiguró la identidad social, laboral y cultural del
Perú contemporáneo.
Juan
Francisco Velasco Alvarado (Castilla, Piura, 16 de junio de 1910-Lima, 24 de
diciembre de 1977) fue un militar y político peruano quien siendo jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dirigió y ejecutó el golpe de Estado
del 3 de octubre de 1968, con el cual derrocó al presidente Fernando Belaúnde
Terry y logró ejercer el poder absoluto hasta 1975 durante el llamado Gobierno
Revolucionario de la Fuerza Armada.
Proveniente
de una familia de clase trabajadora de Piura, estudió en el Colegio San Miguel
de dicha ciudad. En 1929 se trasladó a Lima para sentar plaza como soldado y,
al año siguiente ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos de donde egresó en
1934 como subteniente de infantería. Poco a poco fue ascendiendo en los
diversos grados de la carrera militar, al tiempo que desempeñaba cargos propios
de la vida profesional. Fue director de la Escuela Militar, jefe de Estado
Mayor de la IV División del Centro de Instrucción Militar del Perú, comandante
general de la II División Ligera en 1960, y luego de la I Región Militar en
1964. Ascendido a general de división en 1965, fue nombrado inspector general
del Ejército; luego fue nombrado Jefe del Estado Mayor en 1966, comandante
general del Ejército en 1967 y jefe del Comando Conjunto en 1968. En esta
situación y junto con los comandantes generales de las otras armas, constituyó
una Junta Revolucionaria que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry el 3
de octubre de 1968, siendo él designado como Presidente de la República.
Su
labor al frente del gobierno se distinguió por una serie de cambios y reformas
estructurales que implementó en el país, autodenominada la "Revolución
peruana". El 9 de octubre de 1968, expropió la refinería de Talara operada
de la International Petroleum Company, empresa trasnacional a la que expulsó
del país, poniendo así fin al largo litigio de La Brea y Pariñas. El 24 de
junio de 1969 dio la Ley de la Reforma Agraria, que buscaba un reparto
equitativo de la tierra, la distribución racional del agua y la elevación de la
dignidad de los campesinos. Además del petróleo, nacionalizó los demás recursos
básicos del país: los yacimientos mineros (Cerro de Pasco, Marcona, Quellaveco
y Michiquillay); y la industria pesquera. Puso bajo control directo del Estado
la banca, las telecomunicaciones y los diarios. Hizo una amplia reforma
educativa, que incluyó declarar al idioma quechua como lengua oficial, entre
otros cambios estructurales para adecuar al país a la coyuntura del mundo. En
el aspecto internacional, entabló relaciones con los países del bloque
socialista, participó en el Grupo de los 77 o de los países en vías de
desarrollo y se declaró antiimperialista.
El
gran costo que trajeron consigo las reformas estructurales, así como la crisis
del petróleo de 1973, desataron en el país una crisis económica. Se incrementó
la inflación y aumentó el costo de vida, lo que trajo consigo el malestar
social, cuyo momento más tenso fue el llamado Limazo de 5 de febrero de 1975.
Desde 1973 Velasco estuvo delicado de salud, debiendo sufrir la amputación de
una pierna, pese a lo cual siguió gobernando hasta que fue relevado del
gobierno el 29 de agosto de 1975, tras el golpe de Estado del general Francisco
Morales Bermúdez Cerruti. Su salud se agravó en 1977, acabando por fallecer a
fines de ese mismo año. Su entierro fue multitudinario.
Infancia
y juventud
Fue
hijo de Manuel José Velasco Gallo y de Clara Luz Alvarado Zevallos. Nació en el
pueblo de Tacalá, en el distrito de Castilla de la provincia de Piura, el 16 de
junio de 1910. Provenía de una familia de clase trabajadora. Su padre era
sanitario, y su madre vendía chicha para solventar los gastos del hogar, ya que
en total eran once hermanos.
Cursó
estudios escolares primarios en el centro escolar N.º 21 (1918-1922) y
secundarios en el Colegio San Miguel (1923-1927), ambos de la ciudad de Piura.
Terminados sus estudios escolares, decidió seguir la carrera militar, pero al
no contar con recursos para trasladarse a Lima, demoró meses en partir, hasta
que se embarcó de polizón en el barco chileno Imperio que se hallaba acoderado
en el puerto de Paita.
Carrera
militar
En
1929, a los 18 años, llegó a Lima cuando ya se había realizado el concurso de
admisión a la Escuela de Cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos de ese
año. Decidió entonces incorporarse al ejército como recluta, el 5 de abril de
1929. Pudo ingresar al ejército gracias a la intercesión del capitán Félix
Huamán Izquierdo, su paisano. Asistió luego a la Escuela Militar de oficiales,
de donde egresó el 1 de febrero de 1934, con el grado de subteniente de
infantería. Obtuvo el primer puesto de su promoción (llamada Huáscar), pero la
espada de honor la ganó su compañero Enrique López Velasco, del arma de
ingeniería.
En
1935 fue nombrado instructor de la Escuela de Clases. En 1937, ascendió a
teniente. En 1939, pasó a ser instructor de la Escuela de Cadetes. En 1940,
ascendió a capitán y fue destacado a la División de la Selva, pero retornó a
Lima en 1941, para servir como instructor en la Escuela de Oficiales.
Pasó
a cursar en la Escuela Superior de Guerra (1944), donde más tarde fue profesor
de Infantería, Táctica y Estado Mayor (1946). En 1945, ascendió a mayor y en
1946 fue diplomado como oficial de Estado Mayor. En 1949, ascendió a teniente
coronel y en 1952, pasó a dirigir la Escuela Militar donde hizo varias
reformas, adecuando su reglamento al avance del arte bélico.
En
1953, pasó a comandar un batallón de infantería de la División de la Selva,
hasta 1954. Al año siguiente ascendió a coronel. Luego pasó a ser Director de
la Escuela de Infantería y jefe de Estado Mayor de la IV División del Centro de
Instrucción Militar del Perú (1955-1958).
En
1959, bajo el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, fue ascendido a
General de Brigada. Su ascenso se dio por intercesión directa del presidente,
ya que había sido “baloteado” (descalificado) por el entonces ministro de
Guerra, Alejandro Cuadra Ravines. Fue nombrado director general de Tiro y
comandante general de la II División Ligera, cargo que ejerció de 1960 a
1961.
En
1962, pasó a ser agregado militar en la Embajada del Perú en París, Francia y,
ya de retorno, fue nombrado jefe de Estado Mayor de la I Región Militar (1964).
En 1965, ascendió a General de División. En enero de 1968, bajo el primer
gobierno de Fernando Belaúnde Terry, asumió la Comandancia General del Ejército
y la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. El
ejercicio de estas dos funciones impidió que el presidente Belaunde lo nombrara
ministro de Guerra en su último gabinete que juró el 3 de octubre de 1968. El
que asumió entonces el ministerio de Guerra fue el general Roberto
Dianderas.
En
Chincha, conoció a la que sería su esposa, Consuelo Gonzales Posada (hermana de
Luis Gonzales Posada), que por entonces era una activista aprista. De esta
unión nacieron: Teresa Consuelo, María Elena, Francisco Javier y Juan Mario.
Plan
de salvación nacional contra el gobierno de Belaúnde
Desde
la Comandancia General del Ejército y la presidencia del Comando Conjunto,
empezó a preparar el plan de salvación nacional contra el gobierno democrático
de Belaúnde, que era permanentemente saboteado desde el Congreso por el APRA y
el odriísmo aliados. Entre los oficiales que secundaron a Velasco destacaban
cuatro coroneles: Rafael Hoyos Rubio, Jorge Fernández-Maldonado, Leonidas
Rodríguez Figueroa y Enrique Gallegos Venero. Estos oficiales, formados en el
Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), se dedicaron previamente a estudiar
la situación política, social y económica del Perú y concibieron un plan que, a
su juicio, superaría la terrible crisis que agobiaba a la nación.
Según
Velasco, desde el 28 de abril de 1968 se hallaba redactado el Plan Inca, el
plan secreto al que debía ajustarse su gobierno revolucionario, que redactó en
colaboración con dichos coroneles, pero solo lo daría a conocer públicamente en
1974.
El
escándalo del Acta de Talara y la Página 11
Artículo
principal: La Brea y Pariñas
Después
de la juramentación de nuevo Gabinete de Belaúnde, presidido por Miguel Mujica
Gallo, Velasco despide y estrecha la mano de Belaúnde, horas antes de dar su
Golpe de Estado.
Se
justificó el golpe de Estado con el antiguo problema de La Brea y Pariñas. Este
era el nombre de unos yacimientos petrolíferos situados en el norte y
explotados entonces por una compañía estadounidense, la International Petroleum
Company (IPC). Durante décadas esta compañía y su antecesora británica se
habían negado a pagar al Estado el monto real de los impuestos por explotación,
usando a su favor un error inicial de parte del Estado en la medición de las
pertenencias que explotaban.
Este
viejo litigio tuvo su término el 13 de agosto de 1968 con la suscripción del
Acta de Talara, por la cual todos los campos petrolíferos que explotaba la IPC
retornaban al Estado peruano, mientras que dicha compañía solo se quedaba con
la vieja refinería de Talara. Pronto se habló de manejos ocultos en la
operación, que supuestamente beneficiaban a la IPC, y se acusó de “entreguismo”
al gobierno de Belaunde. El escándalo estalló cuando se denunció que faltaba
una página en el contrato de precios de petróleo crudo entre la estatal Empresa
Petrolera Fiscal (EPF) y la IPC (10 de septiembre de 1968). Se especuló si en
esa página específica figuraba algún beneficio que de manera furtiva el Estado
estaría dando a la IPC. Esa fue el famoso escándalo de la "Página Once",
que fue el detonante del golpe de Estado que Velasco encabezaría en menos de un
mes.
El
mismo Velasco reconoció que el golpe de Estado de octubre de 1968 fue tramado
desde inicios de ese año, antes de que estallara el escándalo de la página
once, por lo que este no pudo ser su verdadera razón, sino solo el detonante o
el pretexto. Se ha discutido por tanto sobre las verdaderas causas del golpe.
Mientras que unos sostienen que a los militares les inspiraba un sincero deseo
de implantar la justicia social en el Perú, otros han hecho notar que estos,
que por tradición eran antiapristas, se adelantaron a impedir la realización de
las elecciones generales de 1969, en las que se presagiaba el triunfo de Víctor
Raúl Haya de la Torre. Esta última tesis ha sido sostenida por el mismo
Belaunde, argumentando que en el fondo, el golpe no iba dirigido contra su
gobierno (que estaba por finalizar), sino para evitar que Haya de la Torre
llegara al poder.
El
golpe de Estado de 1968
Véase
también: Golpe de Estado en Perú de 1968
Soldado
de Ejército Peruano, encerrando la rejas del Palacio del Gobierno, durante el
golpe.
El
2 de octubre de 1968, el general Velasco acudió por la mañana al Palacio de
Gobierno y presentó su saludo al presidente Belaúnde, durante la juramentación
del gabinete presidido por Miguel Mujica Gallo. En horas de la madrugada del 3
de octubre, tanques de la división blindada rodearon el Palacio de Gobierno,
así como el Palacio del Congreso. El presidente Belaúnde fue aprehendido y
enviado en avión hacia Buenos Aires. El Congreso fue cerrado.
Se
consumó así el golpe de Estado, que a decir de los golpistas tenía carácter de
“institucional”, es decir que contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas en
sus tres armas (Ejército, Marina y Aviación). Sin embargo, después se supo que
el golpe había sido planeado por un grupo de oficiales del Ejército encabezados
por Velasco, entre los que destacaban cuatro coroneles ya mencionados: Rafael
Hoyos Rubio, Jorge Fernández-Maldonado, Leonidas Rodríguez Figueroa y Enrique
Gallegos Venero. Los demás miembros de las Fuerzas Armadas, en sus tres ramas,
se plegaron posteriormente, al consumarse los hechos.
No
obstante, se hizo visible el descontento de algunos oficiales. Como fue el caso
del comandante general de la Marina, vicealmirante Mario Castro de Mendoza, que
solicitó su pase al retiro, siendo reemplazado por el contralmirante Raúl Ríos
Pardo de Zela. Asimismo, el general de división Alejandro Sánchez Salazar,
partidario de Belaunde y el segundo en la jerarquía del Ejército, fue obligado
a renunciar. Su lugar fue ocupado por el general Ernesto Montagne Sánchez, que
pasó a ser el comandante general del Ejército.
El
general Juan Velasco Alvarado en el año 1970.
Conformación
del Gobierno Revolucionario
En
el manifiesto que ese mismo 3 de octubre de 1968 dieron los militares, estos
trataron de justificar el golpe arguyendo contra el gobierno depuesto su
«pseudo solución entreguista dada al problema de La Brea y Pariñas». Acto
seguido, se dio el Estatuto que regiría al autodenominado Gobierno
Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Los comandantes generales: Ernesto
Montagne Sánchez (Ejército), Raúl Ríos Pardo de Zela (Marina) y Alberto López
Causillas (Fuerza Aérea) se constituyeron en Junta Revolucionaria y designaron
al general Juan Velasco Alvarado como Presidente de la República. A diferencia
de la Junta Militar de 1962, la Junta Revolucionaria instalada en 1968 no puso
un límite al tiempo en que permanecería en el poder. Velasco habló de un
“proceso” requerido para llevar a cabo las grandes reformas que el país
necesitaba.
El
estatuto contemplaba que el presidente de la Junta Militar debía ser un miembro
de la Fuerza Armada, sin precisar que estuviera o no en actividad. De modo que
cuando Velasco pasó a la situación de retiro el 31 de enero de 1969, se mantuvo
en la presidencia, al no haber unanimidad dentro de la Junta para que fuera
relevado.
En
principio, el gobierno revolucionario declaró sujetarse a la Constitución
vigente (la de 1933) y a las demás leyes, pero siempre en cuanto estas «sean
compatibles con los objetivos del gobierno revolucionario». En otras palabras,
la Constitución y las leyes quedaban subordinadas a los objetivos del
gobierno.
Velasco
conformó su primer gabinete ministerial con ministros militares; posteriormente
ingresarían civiles. Juraron el mismo día del golpe de Estado, el 3 de octubre,
a las siete de la noche, luego de la lectura del Estatuto del gobierno
revolucionario. Como presidente del Consejo de Ministros y ministro de Guerra
fue nombrado el general Ernesto Montagne Sánchez. Los demás comandantes de la
Junta pasaron a ser ministros de sus respectivas ramas: Raúl Ríos Pardo de Zela
(Marina) y Alberto López Causillas (Aviación). El general Armando Artola
Azcárate fue designado como ministro del Gobierno y Policía (cartera que pasó
luego a ser denominada “del Interior”); y el general Edgardo Mercado Jarrín fue
nombrado como ministro de Relaciones Exteriores.
La
toma de Talara
El
9 de octubre de 1968, se ordenó la toma de las instalaciones de la IPC en
Talara, la misma que la realizaron las fuerzas de la Primera Región Militar con
sede en Piura, al mando del general Fermín Málaga. Este hecho recibió una gran
aprobación del país y ayudó al gobierno a consolidarse en el poder. La fecha
del 9 de octubre se celebró a lo largo del gobierno militar como el Día de la
Dignidad Nacional (efeméride que fue eliminada con el retorno a la democracia
en 1980).
Reformas
y cambios estructurales
En
líneas generales, la política de Velasco se enfocó a nacionalizar los sectores
claves de la economía por medio de medidas proteccionistas e intervencionistas.
Se rodeó de muchos civiles de tendencia socialista y tanto él como el resto de
los militares que integraban la Junta y el Consejo de Ministros se consideraban
a sí mismos como «progresistas».
Discurso
de miembros del gobierno revolucionario, en la fotografía se puede apreciar la
imagen de Túpac Amaru II.
El
gobierno nacionalizó sectores clave de la economía, como los bancos, la
industria petrolera y los sectores relacionados con la exportación. La pesca,
la minería, las telecomunicaciones, la energía, el petróleo, se agruparon en
conglomerados estatales (PescaPerú, MineroPerú, Petroperú, ElectroPerú,
EntelPerú, etc.); el tipo de cambio y el comercio exterior pasaron a depender
del Estado.
La
IPC fue expulsada definitivamente del país, y aunque Velasco anunció
reiteradamente que no le pagaría ninguna compensación, más tarde el Estado
Peruano negoció con el gobierno de Estados Unidos para indemnizar a todas las
empresas estadounidenses expropiadas por el gobierno militar. Se firmó al
respecto el Convenio De la Flor-Greene, entre el canciller peruano, general
Miguel A. de la Flor Valle, y el señor James R. Greene, enviado especial del
presidente Richard Nixon. El monto global de la indemnización fue fijado en 76
millones de dólares, de los cuales, más de 23 157 000 fueron para la Standard
Oil of New Jersey, de la que era filial la IPC. En cuanto al millonario adeudo
tributario que la IPC tenía con el Estado peruano (origen del llamado caso La
Brea y Pariñas), no volvió más a mencionarse y por ende, quedó en el
olvido.
La
piedra angular de la política económica del gobierno fue la reforma agraria,
que buscaba un reparto equitativo de la tierra, la distribución racional del
agua y la elevación de la dignidad de los campesinos que hasta entonces eran
explotados por los grandes propietarios de tierras o hacendados, a veces bajo
el sistema feudal. Según una fuente, se redistribuyeron más de diez millones de
hectáreas a cerca de 400 mil familias campesinas.
El
régimen de Velasco realizó inversiones masivas en educación. Las lenguas
quechuas, hablada por casi la mitad de la población pero ignorada hasta
entonces por las autoridades, fueron elevadas a un estatus equivalente al del
español.
Orden
interno. Control de los medios de comunicación
En
el orden interno, su gobierno, que ha sido definido como dictadura, tras asumir
los poderes Ejecutivo y Legislativo, tomó el control del Poder Judicial.
Destituyó a los miembros de la Corte Suprema y nombró a otros, y estableció el
llamado Consejo Nacional de Justicia, al que dio la función de elegir a todos
los jueces y vocales. De los diez delegados que conformaban este Consejo, seis
eran puestos directamente por el gobierno.
Mantuvo
en proscripción al partido Acción Popular, a cuyos líderes obligó a exiliarse.
Impuso fuertes restricciones a la libertad de prensa. En su propósito de
controlar todos los medios de comunicación, empezó por expropiar y
cooperativizar a los diarios Expreso y Extra, de propiedad de Manuel Ulloa
Elías, que había sido uno de los prohombres del belaundismo. Adquirió
indirectamente el diario La Crónica, a través de la apropiación del Banco
Popular del Perú. También impuso su control sobre la radio y la televisión,
obligándoles a las empresas a que el Estado tuviera un 50% de su accionariado,
que posteriormente llegó al 100%. Finalmente, en la medianoche del 27 de julio
de 1974, expropió todos los diarios de la capital que aún quedaban libres.
Política
exterior
En
política exterior, a diferencia de las dictaduras militares latinoamericanas de
la época, en su mayoría de derechas, estableció relaciones diplomáticas con la
URSS, Cuba, China y otros países del bloque socialista. Adquirió material
militar soviético y francés para modernizar el ejército peruano. Esto le valió
la hostilidad de Estados Unidos, que respondió con presiones comerciales,
económicas y diplomáticas. En 1973, el Perú pareció superar el bloqueo
financiero impuesto por Washington al negociar un préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo para financiar su política de desarrollo agrícola
y minero.
En
el ámbito subcontinental, el Perú fue uno de los impulsores del proceso de
integración andina, al suscribir el Acuerdo de Cartagena de 1969, que creaba el
llamado Pacto Andino, actual Comunidad Andina. Las relaciones con Chile se
deterioraron bruscamente tras el golpe de Estado ocurrido en dicho país en
1973. Como resultado, Velasco Alvarado diseñó planes sobre una posible invasión
a este país.
Obras
principales
Nacionalizó
la Banca Nacional desde el inicio de su gobierno, cuando el 31 de diciembre de
1968 se dio el decreto ley 17330 dispuso que el 75% del accionariado debía
estar en manos de peruanos.
Nacionalizó
algunos de los recursos mineros del país: expropió los yacimientos petrolíferos
de Talara (de la IPC), así como las explotaciones e instalaciones de Cerro de
Pasco Corporation y Marcona Mining. Surgieron diversas empresas estatales:
PetroPerú (Petróleos del Perú), Centromin Perú (encargada de la actividad
minera metalúrgica de la zona central del Perú), Hierro Perú (para Marcona) y
Sider Perú (para la siderúrgica de Chimbote).
Por
decreto ley 17716 dado el 24 de junio de 1969, se dispuso una reforma agraria
en todo el país con el objetivo de poner fin al sistema de tenencia de la
tierra de la oligarquía terrateniente. En dicha fecha se celebraba el Día del
Indio, que pasó a denominarse Día del Campesino. La reforma afectó a los
latifundios de la sierra, pero también a los complejos agroindustriales de la
costa. Los campesinos recibieron las tierras, pero su administración se
encomendó inicialmente a tecnócratas y algunos oficiales del ejército en
servicio o retirados. Más tarde se crearon sistemas corporativos de tenencia:
las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) y las Cooperativas Agrarias
de Producción (CAPS), sin estar debidamente capacitadas para administrarlas, lo
que causó un descenso en la producción agrícola.
Por
ley de 28 de marzo de 1969 se estableció que la extracción de los recursos
pesqueros era de interés social y de necesidad pública. En 1970 se creó la
empresa estatal Empresa Pública de Servicios Pesqueros (EPSEP). Se creó también
el Ministerio de Pesquería. La pesca se orientó hacia el consumo humano. Con
ello se mejoró la alimentación de la población, puesto que, por ejemplo, el
pescado de mar que nunca había llegado fresco a los andes peruanos, llegaba
ahora en carros refrigerados de la empresa pesquera estatal.
En
mayo de 1973 se estatizó la industria pesquera (harina y aceite de pescado),
creándose la empresa estatal PescaPerú. Previamente, había sido asesinado de
manera misteriosa el empresario Luis Banchero Rossi, el más importante de los
industriales pesqueros del Perú. El nuevo sistema provocaría el colapso de la
industria pesquera (harina y aceite de pescado), que hasta entonces había sido
la primera del mundo, a tal punto que bajo el gobierno de Morales Bermúdez se
tuvo que volver a privatizarla.
Para
distribuir los alimentos producidos por las cooperativas agrarias creadas por
la revolución, se creó el Ministerio de Alimentación, que entró en funciones en
enero de 1975. Se orientó a gestionar convenios para importar alimentos para el
país.
La
reforma del sector industrial se hizo por medio de la Ley General de
Industrias, que creó la Comunidad Industrial. Esta involucraba a todos los
trabajadores de una empresa, los cuales en teoría debían participar en las
utilidades, en la gestión y la administración de la misma.
Impuso
un control directo del Estado sobre las telecomunicaciones. Se creó la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (EntelPerú), encargada de establecer y regular
los servicios de telecomunicaciones. La Compañía Peruana de Teléfonos fue
expropiada y el Estado asumió una participación mayoritaria en la Radio y la
Televisión, inicialmente en un 51% del accionariado; posteriormente abarcó el
100%.
Creó
las Empresas de Propiedad Social (EPS), nuevo modelo empresarial, inspirado en
el modelo de autogestión del yugoslavo Josip Broz Tito. De acuerdo a ley, estas
empresas pertenecían al conjunto de trabajadores, aunque sin corresponderles
derechos de propiedad individual o de grupo: solo propiedad social. Los
trabajadores tenían derecho a intervenir en la gestión y beneficios de la
empresa. Su puntal financiero era el Fondo Nacional de Propiedad Social
(FONAPS).
Tras
la decisión de los Estados Unidos de suspender la venta de armas al Perú,
Velasco decidió equipar a las Fuerzas Armadas con moderno armamento comprado a
la Unión Soviética, a tal punto que el Perú se convirtió en una de las mejores
naciones armadas de América Latina. El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)
mantuvo relaciones de cooperación, colaboración e intercambio de información
con la KGB rusa.
Con
el fin de movilizar organizadamente a la población y controlar las
movilizaciones sociales, creó en 1972 el Sistema Nacional de Apoyo a la
Movilización Social (SINAMOS), que pronto actuó como una entidad política al
servicio del gobierno revolucionario. Pasaron a formar parte del SINAMOS
algunos intelectuales progresistas y cuadros de izquierda, como fue el caso del
exguerrillero del ELN, Héctor Béjar, quien fue nombrado director del área
juvenil del SINAMOS. Otros directivos del SINAMOS fueron Carlos Delgado
(exaprista), Carlos Franco, Hugo Neira, Jaime Llosa, etc.
En
el ámbito internacional, el gobierno de las Fuerzas Armadas promovió una
política de no alineación, bajo el lema «ni con el capitalismo ni con el comunismo».
En los hechos, la ruptura con los Estados Unidos implicó alianzas con casi
todos los países del llamado bloque socialista.
Estableció
relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, la República Popular China, con
Hungría, Bulgaria, Alemania del Este, Yugoslavia, Polonia y Corea del Norte. El
primer embajador en la URSS fue Javier Pérez de Cuéllar, que después llegó a
ser secretario general de las Naciones Unidas entre enero de 1982 y diciembre
de 1991.
En
el ámbito sudamericano, continuó apoyando la política de integración de los
países andinos iniciada por Belaunde. En mayo de 1969, el Perú suscribió con
Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador el Acuerdo de Cartagena, origen del llamado
Pacto Andino, actual Comunidad Andina. En 1973 se unió a ella Venezuela,
mientras que Chile se retiró en 1976.
El
24 de marzo de 1972, se promulgó una Ley General de Educación, cuya finalidad
era triple: «a) extender las oportunidades educacionales a todos los peruanos;
b) propender a la creación del “hombre nuevo” (crítico, participativo y
solidario); y c) establecer un nuevo sistema educativo: educación inicial,
educación básica y educación superior». La ley estableció también varias
modalidades educativas.
La
reforma educativa de 1972 previó una educación bilingüe para los peruanos,
sobre todo usuarios de lenguas nativas, que componían casi la mitad de la
población. En 1973 se dio el Reglamento de Educación Bilingüe y, el 27 de mayo
de 1975, por Decreto Ley N.º 21156, se reconoció al quechua, a la par con el
español, como lengua oficial de la República. Ya bajo el gobierno de Morales
Bermúdez, se aprobó el alfabeto básico general del quechua por Resolución
Ministerial N.º 4023 de 16 de octubre de 1975. En 1976, se editaron seis
gramáticas y sus respectivos diccionarios para los diversos dialectos del
quechua.
En
1974, se dio la Ley de Comunidades Nativas y Promoción Agraria de las Regiones
de la Selva Alta y Selva Baja, que otorgó a dichas comunidades la jurisdicción
colectiva sobre el territorio y sus recursos.
Igualó
los derechos de los llamados hijos naturales (nacidos fuera del matrimonio),
desterrando para siempre del ordenamiento jurídico la diferenciación entre
hijos “legítimos” e “ilegítimos”, lo que sería después plasmado en la
Constitución de 1979.
Realizó
un conjunto de obras en beneficio de su tierra natal: la restitución al
departamento de Piura de terrenos que se hallaban incluidos sin aparente razón
en el de Lambayeque; el proyecto Chira-Piura; la construcción de una planta de
fertilizantes en Talara; el complejo pesquero de Paita; la modernización de la
refinería de petróleo de Talara; la creación del comité ejecutivo del complejo
Bayóvar; y la construcción de una planta de solventes para producir alcohol
isopropílico y acetona en Talara.
Colapso
gubernamental
Visita
oficial a Perú en 1970 del presidente chileno Salvador Allende
Las
grandes reformas emprendidas fueron relativamente ineficaces, a pesar de cierta
mejora del nivel de vida de las clases trabajadoras y del desarrollo
industrial.
Las
políticas seguidas con respecto a las industrias pesqueras y agrícolas tuvieron
un fuerte impacto negativo. La anchoveta, clave en el ecosistema marino del
país, atravesó por una sobrepesca realizada por PescaPerú. A pesar de que la
producción alcanzó niveles récord en los primeros años, la sobreexplotación de
esa especie marina y los efectos del fenómeno de El Niño de 1973 provocaron un
fuerte descenso de la misma.
Otra
razón para el colapso de la industria pesquera fue que, a diferencia del
sistema privado en que la empresa pagaba a los trabajadores solo si obtenían
buena pesca, en el sistema estatal se les pagaba pescaran o no. Ello ocasionó
muchas pérdidas. Tan crítica llegó a ser la situación, al punto que bajo el gobierno
de Morales Bermúdez se tuvo que volver a privatizar la industria pesquera. Pero
tal había sido el impacto, que el país solo pudo recuperar un nivel de
actividad adecuado más de diez años después.
La
reforma agraria, de carácter ambicioso, fue mal ejecutada. Los antiguos
propietarios se opusieron a la confiscación dado que los bienes expropiados se
pagaron con bonos no negociables que corrían el riesgo de perder todo su valor
con la inflación. Con la reforma surgieron miles de explotaciones o minifundios
sin capital, lo que perturbó la producción agrícola. Además, los canales de
distribución eran objeto de sabotaje, especulación y contrabando, lo que
provocaba periódicamente escasez y racionamiento. A lo largo de todo el
gobierno militar, la producción agrícola se estancó o decreció. De exportador
de papas, el Perú pasó a ser importador. Pero el más sensible colapso fue el de
la industria azucarera, hasta entonces uno de los pilares de la economía
peruana.
En
cuanto a la política económica y monetaria, su mal manejo desató la crisis
inflacionaria. Sin haberse aumentado la producción, se aumentaron los gastos
del Estado: incremento de los ministerios y de la burocracia estatal;
multiplicación de empresas públicas que trabajaban a pérdida, la misma que era
resarcida por la caja fiscal; y subsidios a la gasolina y a los productos de
primera necesidad. Todo lo cual aumentó el déficit presupuestal, por lo que se
recurrió a la emisión inorgánica de billetes. Esto a la vez desató la inflación
y la devaluación de la moneda. Para evitar la fuga de divisas, se impuso el
control de cambios, abandonándose así el libre cambio que regía desde 1950.
Pero no se logró evitar esa fuga; para 1975, el déficit fiscal era de 1500
millones de dólares, mientras que las reservas del Banco Central eran de apenas
800 millones. Estas, tras la caída de Velasco, desaparecerán o se convertirán
en reservas negativas. El costo de vida se disparó.
Factores
externos influyeron también en la crisis. La crisis de 1973, con la violenta alza
del petróleo paralela a la guerra de Yom Kipur, afectó mucho a la economía
peruana, que era un importador neto de petróleo. El endeudamiento se convirtió
en la única manera en que el Perú pudo paliar a corto plazo la crisis,
comprometiendo así su futuro.
En
1973, cuando la crisis económica ya era evidente, Velasco sufrió un grave
colapso de salud. El 22 de febrero de ese año fue hospitalizado de urgencia. Se
creyó al principio que había sufrido un infarto o un derrame cerebral, pero
luego se anunció que había sufrido una hemorragia interna.
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